El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, encabezado por el presidente Fernando Juri, sancionó una resolución en el marco de las conmemoraciones por los 50 años desde el comienzo de la última dictadura cívico-militar.
Por iniciativa de José María Canelada y de Gustavo Cobos, los ediles aprobaron por unanimidad una resolución que «dispone la instalación de una placa conmemorativa en el edificio (…), en el marco de
conmemorarse los 50 años del inicio del proceso de la dictadura cívico-militar del año 1976, en homenaje a las víctimas del terrorismo de estado, y como reafirmación del compromiso permanente de esta institución con la democracia y los derechos humanos».
El proyecto también contó con las firmas de acompañamiento de Juri, Ernesto Nagle, Ana María González , Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz y Gastón Gómez.
En el recinto, Canelada levantó una edición del «Nunca Más», la publicación que contiene le informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -CONADEP- y se limitó a leer el testimonio de Carlos Alberto Campero, respecto de los tormentos y torturas que le tocó padecer a su familia en el propio domicilio, previo al traslado a una dependencia militar o a un centro clandestino de detención. «Es indispensable apostar todos los elementos necesarios para comentar la memoria desde lo simbólico, desde las acciones democráticas. una tarea que hemos asumido en este Concejo, robusteciendo la memoria activa. La memoria no es un yunque, no es algo que nos hace conducir la vida mirando por el espejo retrovisor, la memoria es una herramienta indispensable para pensar el futuro, para no cometer los mismos errores y para salir a dar el debate frente a aquellos que sostienen aún hoy que era legítimo secuestrar, torturar, desaparecer y apropiarse de niños que siguen sin conocer su identidad (n. de la r. en referencia a los 500 bebés apropiados durante la dictadura)», defendió Canelada.
Los concejales Gonzalo Sebastían Carrillo Leito, Federico Romano Norri, José María Franco y Cobos se sumaron con alocuciones para destacar la importancia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en un período marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas del genocidio probado por sentencias judiciales que ocurrió en el país durante el periodo.
