El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves 18 de junio, en la última sesión encabezada por el presidente Fernando Juri, un ajuste en la tarifa del transporte de la ciudad.
Los ediles aprobaron por 9 (nueve) votos contra 8 (ocho), el incremento de la tarifa del boleto. El concejal Gonzalo Carrillo Leito estuvo ausente con previo aviso.
Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal, el boleto de transporte subirá desde los $1250 actuales a $1700.
¿Qué dijeron los concejales?
José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte, argumentó que la decisión se fundamenta en la necesidad de mantener operativa la prestación, señalando que la inflación ha impactado directamente en los costos fijos.
Según el concejal, el aumento del 35% es la «única alternativa para evitar una paralización definitiva del sistema», ya que, de no actualizarse, las empresas optarían por derivar sus unidades a servicios interurbanos o rurales, considerados más rentables.
Asimismo, el edil destacó que se están iniciando conversaciones con el Ejecutivo municipal para llevar adelante una “modificación integral del sistema”, que incluya una revisión de los recorridos, las frecuencias y la ubicación de las paradas, factores que actualmente inciden en el desgaste prematuro de las unidades.
Por su parte, Hugo Andina Lizárraga calificó la decisión como «difícil» debido al impacto que genera en el bolsillo de los usuarios, pero enfatizó que es una “responsabilidad ineludible” del cuerpo para sostener la actividad.
El concejal advirtió que el sector se encuentra en «peligro» por la competencia de otras alternativas de transporte y que, actualmente, el incremento no busca una “mejora en la calidad del servicio”, sino asegurar su continuidad y proteger los más de 4000 puestos de trabajo directos.
Por el contrario, los ediles Federico Romano Norri y Carlos Ale manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que el servicio actual no justifica un mayor costo para los usuario.
Romano Norri cuestionó la falta de transparencia del sector empresario, señalando que no se han recibido informes de auditoría interna sobre el destino de los fondos y subsidios recibidos.
Según el edil, el sistema de transporte es “obsoleto”, a su vez que las empresas no cumplen con los compromisos de mejora en las unidades ni en la frecuencia, “a pesar del respaldo financiero que reciben de la provincia y del municipio”.
En esa línea, Carlos Ale enfatizó que el contexto económico del país es “crítico” y que el Concejo debe priorizar la protección de los vecinos antes que los intereses empresariales.
El concejal denunció que el pedido de suba “carece de fundamentos técnicos”, ya que el municipio no presentó un estudio de costos que valide los 1700 pesos propuestos.
Además, cuestionó la falta de envío de un pliego licitatorio por parte del Poder Ejecutivo, instando a “dejar de lado los discursos políticos” con el fin de “exigir a las empresas que optimicen su metodología de trabajo” y la “regularidad del servicio en los barrios”.