El objetivo es diseñar la normativa que regulará el crecimiento y desarrollo de la capital durante las próximas décadas. Hasta ahora, en los encuentros anteriores, participaron investigadores, docentes, funcionarios municipales, autoridades de empresas estatales, privadas y concejales que integran la comisión especial a cargo de esta iniciativa. Están previstas dos audiencias más en agosto antes del encuentro final, en el que se dará lectura a las conclusiones y se remitirá el informe a la comisión para la elaboración del proyecto de ordenanza del nuevo CPU.
La comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del Actual Código de Planeamiento Urbano fue convocada por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y está conformada por los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente), Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, María Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.
Exposiciones
«Es un orgullo volver al Concejo, tuve la suerte de ocupar una banca en dos ocasiones. En nombre de todo el IPV quiero agradecer la invitación del gobierno municipal, tanto Concejo como Intendencia, y a la comisión a cargo del proceso de reforma», abrió la exposición Cabral.
Planteó la necesidad de lograr satisfacer las demandas de la población respecto de las dos agendas de trabajo del IPVDU, tanto el reclamo de viviendas sociales como los nuevos requerimientos de vivienda y hábitat que contemplen los abordajes de sustentabilidad, eficiencia energética y nuevos materiales de construcción.
«Tenemos por un lado una vieja demanda que sigue intentando satisfacer el instituto, en donde nos falta todavía, como pasa en todo el país, mucho camino para satisfacer la demanda de vivienda y hábitat. Y por otro lado las nuevas demandas, de vivienda con nuevas normas de eficiencia y sustentabilidad. Esto también debemos decirlo, se produce en un contexto en el que tenemos un gobierno nacional que ha tomado una decisión insólita: ha clausurado la política de vivienda, algo que no ha hecho ninguna ciudad del mundo», planteó el arquitecto, titular del IPVDU, antes de detallar el impacto de la demanda de vivienda en la provincia y la ciudad.
Apuntó a que hay 63.000 familias inscriptas en los listados del instituto, y que en todo el país hay alrededor de 6 millones de personas sin vivienda, sin contabilizar a quienes alquilan por la falta de vivienda y no por haber elegido alquilar. Apuntó a que en la ciudad hay 323 barrios y que 120 son barrios construidos por programas estatales. «Es decir, el 37,15% de los barrios de la ciudad han sido desarrollados por el Instituto, lo que habla de la incidencia de la vivienda social en la provincia y la ciudad. Es un fenómeno complejo para aborda pero que es urgente», completó.
A su turno, el ingeniero Claudio Bravo, por la Municipalidad, apuntó a la necesidad de intervención para evitar el aumento del impacto de los anegamientos ante las tormentas. «Me toca exponer sobre el plan director de desagües pluviales en el contexto de la planificación urbana. La presentación se centra en las tareas que realizamos en la Municipalidad para evitar las inundaciones ante los fenómenos climáticos y a la vez las obras previstas para lograr mejorar el desempeño del sistema de desagües. En particular nos centramos en los sectores más deprimidos de la ciudad. Tenemos un diagnóstico general sobre la situación y a partir de ahí, se toman alternativas en base a la técnica ambiental y económica más favorables para comenzar a ejecutar proyectos», apuntó el titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipal.

