La Comisión especial de Digesto Jurídico del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanzó con la depuración de las normas sancionadas durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1986).
El presidente del grupo de trabajo parlamentario, Gustavo Cobos, explicó que el trabajo de depuración del cuerpo de ordenanzas y normas municipales busca ofrecer a la ciudadanía y a la administración un cuerpo normativo claro, accesible y coherente. «Para ello resulta imprescindible definir criterios uniformes de clasificación que permitan distinguir entre normas vigentes, normas derogadas y normas caducas, y explicar por qué el proceso se ha iniciado con el período comprendido entre los años 1976 y 1983″, explicó.
La comisión se completa, además de Cobos, con Alfredo Terán de Zavalía (vicepresidente), Ana González, Federico Romano Norri y Facundo Vargas Aignasse, junto a los funcionarios del cuerpo Ángel Varela (secretario), Hernán Ara (prosecretario Legislativo), Marcelo Caram (director Legislativo), Marcelo De la Zerda (subdirector Legislativo), Rubén Inorio (director de Biblioteca), Manuel Lazo (subdirector de Archivo).
«Hoy en la Comisión de Digesto aprobamos el informe general sobre el período 1976–1983 y el envío de las notas a las comisiones permanentes con las ordenanzas que recomendamos que sean declaradas caducas. En principio, son el 72% de las ordenanzas sancionadas en ese período, pero en el análisis posterior pueden ser aún mas. El Digesto no es un trámite administrativo, es un trabajo técnico y político», detalló Cobos.
«Esto marca el inicio de un trabajo de fondo en cada comisión. San Miguel de Tucumán tiene miles de ordenanzas acumuladas, muchas superpuestas o contradictorias. Con el Digesto estamos ordenando esa historia. La ciudadanía necesita normas claras, y eso es lo que estamos garantizando», agregó el concejal.
El edil explicó que el proceso de depuración ha comenzado con el análisis de las ordenanzas sancionadas durante el período 1976-1983. La decisión se explica en razones metodológicas y técnicas: en esos años, el régimen de facto dispuso la renumeración de las ordenanzas desde el número 1, abriendo así un ciclo que culminó en 1983. Con el retorno de la Democracia se reinició nuevamente la numeración, creando un quiebre normativo significativo.
«Esta circunstancia ofrece una ventaja metodológica: permite trabajar sobre un universo cerrado de normas, con numeración propia y delimitada. Depurar este primer bloque, dejando en pie únicamente las que se encuentran vigentes o que se presumen vigentes, constituye un paso esencial de higiene legislativa. A partir de allí, será posible continuar con el período democrático posterior, ya con una base depurada y ordenada. Dejar como primer registro del Digesto solo las ordenanzas vigentes de 1976-1983 asegura mayor claridad, evita arrastrar normas caducas o derogadas hacia los períodos siguientes, y ofrece una metodología transparente para avanzar en fases sucesivas», profundizó.
