El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, encabezó una mesa de trabajo conjunta de las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento y de funcionarios municipales para abordar la problemática de los edificios sin final de obra en la ciudad y que se encuentran habitados.
«En virtud de una resolución que emitió el Concejo en su última sesión se invitó a funcionarios municipales para informar la situación de los edificios de la ciudad que se encuentran habitados sin final de obra, para dilucidar cuáles se encuentran en peligro y cuáles pueden subsanarse con distintos instrumentos para garantizar la seguridad de la ciudadanía», explicó el presidente Juri cuando finalizó el encuentro. Los concejales y funcionarios acordaron unificar la información para avanzar en un nuevo encuentro y determinar si se requiere la sanción de una norma que permita regularizar la situación y facilitar el accionar de distintas reparticiones municipales. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del quinto piso y fue abierto a la prensa durante toda la reunión.
La Dirección de Catastro municipal determinó que la ciudad cuenta con un universo de 1.450 edificaciones de vivienda, y de ese total se relevaron 253 construcciones sin final de obra. «Lo que queremos determinar es la situación específica de cada caso, una cosa es la falta de extintores de incendio o que le falte una cochera y otra es la falta de salidas de emergencia o la construcción de más pisos sin los cimientos aptos. Analizamos caso por caso. Lo que buscamos es normalizar la situación, pero si se construye un edificio en vez de cuatro pisos, uno de ocho sin cimientos en condiciones y están en peligro la seguridad de los vecinos, no podremos avanzar hasta que no se cuente con el informe de profesionales pertinentes», explicó Fernando Juri al finalizar el encuentro. Y agregó: «La última opción será lógicamente el desalojo de alguna unidad porque no queremos llevar preocupación a personas que vivan en edificio sin final de obra. Estamos trabajando en conjunto fundamentalmente para resguardar la seguridad de las personas y, si la Municipalidad lo requiere, se intensificará el accionar punitorio».
Junto al presidente del Concejo participaron los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente de Planeamiento), Federico Romano Norri (presidente de Obras Públicas), Gonzalo Carrillo Leito, Cristian Abel, Ramiro Ortega, Alfredo Terán de Zavalía, Gustavo Cobos, Ernesto Nagle, Eduardo Molina y Emiliano Vargas Aignasse, junto a los funcionarios municipales Nora Belloni (directora de Catastro), Luis Lobo Chaklián (secretario de Obras Públicas) y Rubén Fernández (subsecretario de Seguridad Ciudadana).
«El objetivo nuestro es poder avanzar con alguna normativa que le de punto final a dos problemáticas: por un lado regularizar a aquellos edificios que no cuentan con el certificado de final de obra para que estén seguros quienes ahí viven, y además que puedan escriturar estas unidades. Buscamos una normativa que permita que la gente empiece a cumplir lo que sancionemos, si constantemente a pesar de las multas y de ser notificados las empresas siguen incumpliendo, de nada sirve avanzar. Por eso empezaremos a estudiar de qué manera lograr aplicar las normativas y garantizar que se cumplan las leyes. No puede ser que se ha notificado fallas de construcción y avanzaron con la obra de igual manera. Trabajaremos en esto para saber si es necesario aumentar el poder punitivo del municipio. Es un problema de vieja data, necesitamos dar herramientas para solucionar este problema de una vez por todas», planteó en rueda de prensa Cobos, promotor de la resolución aprobada en el recinto que permitió citar a los funcionarios municipales para abordar la problemática.
«Este es un momento trascendental porque los cambios en las mentalidades de la dirigencia política van por el camino correcto. No se puede construir -políticamente- con bases que no son sólidas. Me parece fundamental porque aquí no estamos buscando un elemento de crítica, sino cómo desarrollar la ciudad de ahora en adelante, particularmente en sintonía con el trabajo para actualizar el Código de Planeamiento Urbano. Debemos dimensionar la envergadura de la ciudad y reconocer que los problemas o las situaciones heredadas deben solucionarse. En la ciudad hay 1.500 edificios y construcciones de vivienda colectiva y alrededor de 1.100 se encuentran en el área central. Son casi 50.000 padrones -de vivienda- en el área central de los 173.000 padrones de toda la ciudad que deben controlarse», consideró Lobo Chaklián.
Los funcionarios municipales expusieron que al comenzar la gestión identificaron 52 boliches que estaban funcionando sin autorización, y que pudieron regularizar la situación. Que identificaron 245 fachadas en mal estado y 17 edificios con peligro de derrumbe, sobre los que trabajaron. «Es realmente bueno que la política deje de lado la especulación para trabajar en encauzar estas problemáticas. Hablamos de personas, no de una construcción más o una menos. En un trabajo de digitalización que lleva adelante Catastro llegamos a la cifra de que la ciudad cuenta con más de 1.400 construcciones de vivienda colectiva y que de ese número 253 no cuentan con un final de obra. Por distintas situaciones, por lo que se debe clasificar entre quienes se encuentran en grave incumplimiento o una situación factible de regularizar. De estos edificios tenemos 1.084 multas. Estamos abordando esta situación para que las normas se cumplan», finalizó Lobo Chaklián.
