La Comisión Especial de Digesto Jurídico del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanzó este viernes en una nueva etapa del proceso de ordenamiento de la normativa municipal. Luego del relevamiento, análisis y clasificación de más de 6.000 ordenanzas, el cuerpo comenzó a definir cómo quedarán conformados los anexos definitivos del Digesto y cuáles serán los próximos pasos para completar el proceso.
“Durante mucho tiempo la pregunta fue cuántas ordenanzas teníamos y cuál era la situación de cada una. Esa etapa está prácticamente terminada. Hoy ya tenemos todo el universo clasificado y empezamos una tarea distinta: definir qué normas están vigentes, cuáles fueron derogadas, cuáles han perdido vigencia y cómo dejamos ordenado todo ese sistema hacia adelante”, explicó el presidente de la Comisión, Gustavo Cobos.
El trabajo comprende más de 5.400 ordenanzas sancionadas desde el retorno de la democracia y otras 984 correspondientes al período 1976-1983. La magnitud del universo normativo obligó a distribuir la tarea entre distintos equipos de concejales, asesores y personal técnico y legislativo del Concejo.
Durante la reunión se acordó avanzar en la elaboración de los anexos finales del Digesto, que permitirán distinguir las ordenanzas vigentes de aquellas expresamente derogadas y de las normas que, por haber cumplido su objeto, vencido su plazo o haber sido reemplazadas por regulaciones posteriores, deben ser consideradas caducas o no vigentes.
“Una ordenanza puede seguir apareciendo en un archivo aunque haya sido dictada para una situación que terminó hace treinta años. También puede haber sido modificada cuatro o cinco veces, o reemplazada en los hechos por una regulación posterior. El desafío es que cuando terminemos este trabajo no haya que hacer arqueología jurídica para saber cuál es la norma que corresponde aplicar”, sostuvo Cobos.
La Comisión también resolvió avanzar en la elaboración de un índice temático y un glosario, de manera que cada ordenanza pueda contar con una breve descripción de su contenido. El objetivo es que el Digesto no se reduzca a un extenso listado de números, sino que permita identificar con facilidad qué regula cada norma y cómo se relaciona con las demás.
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de diferenciar entre la consolidación de una norma —es decir, reconstruir su texto incorporando las modificaciones que recibió a lo largo de los años— y aquellos casos en los que una regulación necesita directamente ser actualizada mediante una nueva decisión legislativa.
“Ordenar no significa solamente sacar las normas viejas. También significa poder reconstruir con claridad qué dice hoy una ordenanza que fue modificada varias veces y detectar cuáles son las regulaciones que quedaron desactualizadas y necesitan una nueva discusión del Concejo”, agregó Cobos.
La Comisión Especial está presidida por Cobos e integrada además por Alfredo Terán de Zavalía, Ana González, Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri.
El objetivo trazado por la Comisión es que antes de finalizar el actual período parlamentario, y en todo caso antes de fin de año, el Concejo Deliberante pueda aprobar el Digesto Jurídico Municipal. A partir de allí, el trabajo podrá continuar de manera permanente con la actualización, consolidación y revisión de las ordenanzas que requieran nuevas adecuaciones legislativas.
“Queremos que este año quede aprobado el Digesto. Eso no significa que al día siguiente desaparezca todo el trabajo pendiente: al contrario, significa que vamos a tener por primera vez una base ordenada y jurídicamente clara desde la cual seguir actualizando la normativa de manera permanente”, señaló Cobos.
En esta nueva etapa, la Comisión continuará con la revisión de los casos que presentan mayores dificultades jurídicas, la confección de los anexos definitivos, la consolidación de normas que hayan recibido modificaciones sucesivas y la identificación de aquellas ordenanzas que requieren una actualización legislativa posterior.
“Estamos entrando en la parte más delicada del trabajo. Clasificar miles de normas fue enorme, pero ahora tenemos que convertir esa clasificación en certeza jurídica. El resultado tiene que permitir que cualquier funcionario, concejal, abogado o vecino pueda saber con claridad qué reglas están vigentes en la ciudad”, concluyó Cobos.
